editorial
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación en Córdoba asistimos a un panorama preocupante y disímil. En el plano nacional, se advierte una clara decisión del Gobierno de incumplir con lo estipulado por la Ley de Educación –que establece la obligatoriedad para los niveles Inicial, Primario y Secundario– y de desentenderse como Estado del rol de garante del derecho a la educación –a través de la eliminación del FONID para los salarios, pero también quitando recursos para el financiamiento del sistema en general–. Todo esto, pese al contundente mensaje expresado el 23 de abril pasado en la marcha nacional,














